"Internet.org" ¿política pública o modelo de negocio?
Internet.org es una asociación entre Facebook y seis empresas de telefonía móvil (Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera Software y Qualcomm) que pretende acercar el acceso asequible a Internet a todo el mundo mediante el aumento de la asequibilidad, el aumento de la eficiencia, y facilitar el desarrollo de nuevos modelos de negocio en torno a la provisión de acceso a Internet.
El proyecto de Mark Zuckerberg llega a Latinoamérica con la promesa de darle internet gratis a poblaciones largamente excluidas y los Estados reciben la iniciativa con los brazos abiertos. Pero ¿puede ser Internet.org una política pública viable?.
El proyecto de Mark Zuckerberg llega a Latinoamérica con la promesa de darle internet gratis a poblaciones largamente excluidas y los Estados reciben la iniciativa con los brazos abiertos. Pero ¿puede ser Internet.org una política pública viable?.
“Internet.org” no es Internet”, afirma -y con razón- Carolina Botero de la Fundación Karisma, a propósito de la llegada con bombos y platillos a Colombia del proyecto estrella de Mark Zukerberg, cabeza de Facebook. La iniciativa ha anunciado pronto arribo a México y durante el año recién pasado ya desarrolló un programa piloto en Paraguay.
A principios de 2014 Zuckerberg presentó en Zambia el proyecto, que
tiene como finalidad conectar a Internet al 60% de la población mundial
que actualmente no cuenta con acceso, a través de un acuerdo entre
Facebook, un operador de internet local y su gobierno. Así, los usuarios
con teléfonos de gama baja pueden obtener “gratis” la aplicación
Internet.org, y tener acceso a limitados servicios de la red, como
Facebook, Google, Wikipedia o AccuWeather, entre otros.
Un modelo de cooperación público-privada que, dicen, solo trae
beneficios: Facebook, el operador local y las aplicaciones seleccionadas
para estar en Internet.org tendrán un enorme y nuevo mercado que
explorar, los gobiernos solucionarán sus problemas de conectividad y,
claro, una enorme cantidad de personas podrán, al fin, acceder a los
beneficios de internet.
Pero ¿se trata de una situación de ganar o ganar? Bajo la idea
altruista de lograr por fin acabar con las barreras de acceso a
internet, es necesario analizar sobre todo el rol de los Estados al
adoptar Internet.org como una política pública.
¿Modelo de negocio o política pública?
Uno
de los grandes problemas de este proyecto es su nombre. Dice que lo que
se ofrece es internet, pero la verdad es que solo es una ventana que
muestra algunos servicios.
Este punto es fundamental. Si la red es un
océano, Internet.org es un vaso de agua.
Internet.org, tal como los otros servicios “zero rating”, discrimina los contenidos de internet -y como se ha dicho profusamente,
viola el principio de neutralidad de la red- porque justamente en eso
se basa su modelo económico: abrir nuevos mercados -los usuarios
largamente excluidos- y ofrecerles servicios de internet previamente
acordados con Facebook.
En esta lógica, detrás del popularísimo eslogan de “dar acceso
gratis a algunas aplicaciones de internet” a la población, nos
encontramos más bien con un lucrativo modelo de negocio privado
y, por ende, con un problema de política pública más complejo, que
debería ser seriamente analizado por nuestros Estados cuando Zuckerberg
les toque la puerta.
La pregunta más urgente apunta a saber quién decide finalmente sobre qué aplicaciones quedan en Internet.org en cada país. Según
el vicepresidente de Facebook, la decisión la toman entre ellos, el
Gobierno de turno y el operador (Tigo, en el caso colombiano). ¿Cómo se
garantiza el interés público en esa decisión? ¿Cuáles son los estándares
de transparencia que aplican a la misma?
También
es necesario preguntarse cómo los Estados pretenden resolver el
evidente problema de libre competencia que están provocando al adoptar
Internet.org. ¿Cómo justifican, por ejemplo, que WhatsApp puede tener
prioridad por arriba de cualquier otro servicio de mensajería online
que, por lo demás, pueda ofrecer mejores medidas de seguridad a sus
usuarios?
El problema se hace más interesante cuando muchos de los Estados que
hoy ven con buenos ojos Internet.org, tienen sendas planificaciones de
hacer versiones locales de “Silicon Valley” que puedan desarrollar la
industria nacional de internet. ¿Tendrán las aplicaciones locales un
lugar en ese “nuevo mercado” que indudablemente abre “Internet.org”?
Las dudas no terminan ahí. También hay implicancias en derechos
humanos fundamentales, como la privacidad de los usuarios de
Internet.org, considerando que el modelo de negocio sobre el que se basa
Facebook descansa esencialmente en la venta de publicidad. Mientras más
sabe Facebook de sus clientes, mejor puede segmentar la publicidad de
la plataforma.
Y es que en esto hay que ser muy claros: afirmar que Internet.org es un servicio gratuito es una mentira.
Los usuarios de Internet.org pagarán con la entrega de sus datos
personales a las empresas e instituciones envueltas en esta iniciativa;
sí, tal como nosotros, los que tenemos acceso a internet, lo hacemos
todo los días, pero con una diferencia fundamental: nosotros tenemos la
posibilidad de optar por otros servicios que nos ofrezcan soluciones
respetuosas con nuestros datos y su seguridad. En Internet.org no hay
libre elección posible.
Adicionalmente, considerando las preocupantes revelaciones de Snowden, Carolina Botero agrega la preocupación por la seguridad de nuestra privacidad:
“Como internet es descentralizado, aunque es posible espiar
masivamente, no es tan fácil hacerlo; en cambio para los usuarios de
Internet.org será más fácil porque se trata de una oferta de servicios
centralizados. ¿Se están tomando medidas para evitarlo?”.
Internet.org genera muchas dudas, la mayoría debido a que en el
proceso de su llegada a nuestros países se ha excluido completamente el
diálogo con la sociedad civil y la academia: ha sido un acuerdo entre
Gobierno, Facebook y el operador local. Aquello no solo hace sospechar
de Facebook, que toma el molesto rol de la empresa del mundo
desarrollado que nos viene a decir cómo tenemos que solucionar nuestros
problemas locales sin considerar nuestra opinión, sino fundamentalmente
de nuestros Estados, los que aún no comprenden que internet y su
gobernanza, al ser un asunto de interés público, debe ser una instancia
de participación y diversidad.
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